viernes, 3 de junio de 2011
Realizan matrimonios entre homosexuales en resorts
La boda más reciente entre homosexuales se realizó el 24 de mayo en el hotel Cayo Levantado
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, prohibió que se autoricen uniones entre personas del mismo sexo en el país y ordenó a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil suspender inmediatamente la celebración de bodas en las instalaciones de los hoteles que pertenecen a la cadena Bahía Príncipe en Cayo Levantado y Cayacoa, ubicados en las provincias de Samaná y La Altagracia.
La medida constituye la reacción de la JCE frente a una serie de enlaces matrimoniales entre personas del mismo género que se han estado realizando en diferentes resorts del país en franca violación de la Constitución de la República. La orden de Márquez está contenida en el oficio número 2783-11.
Rosario prohibió, además, a la Dirección Financiera de la Junta recibir recursos por concepto de matrimonios efectuados en los hoteles mencionados.
Según el presidente de la JCE, la boda más reciente entre homosexuales se realizó el 24 de mayo pasado en el hotel Cayo Levantado, con la asistencia de casi un centenar de invitados, entre dominicanos y extranjeros.
De igual modo, Rosario Márquez ordenó a la Dirección de Inspectoría de la JCE profundizar las investigaciones referentes al hecho denunciado, de manera que inicie las acciones pertinentes. “Esta decisión se fundamenta en denuncias reiteradas en el sentido de que personas de un mismo sexo están realizando matrimonios simulados, al margen de las autoridades correspondientes, utilizando personas privadas que se hacen pasar como representantes de los órganos del Estado encargados de oficiar ese tipo de evento”, precisó.
El magistrado Rosario recordó que sobre los derechos de la familia, el artículo 55 de la Constitución de la República expresa que: “la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
“Por las razones legales anteriormente expuestas, la presente instrucción es de ejecución inmediata y de obligatorio cumplimiento, ya que de continuar esta práctica se permitiría una violación flagrante a nuestro ordenamiento institucional y a las costumbres y valores consagrados en nuestra Carta Magna”, expresó Rosario Márquez.
Desde hace un tiempo Rosario Márquez había ordenado una investigación a cargo de Basilio de Peña Ramón, oficial del Estado Civil de esa localidad, motivada por denuncias recibidas desde el pasado año sobre matrimonios simulados realizados en el municipio Samaná.
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